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Las compañías que ofrecen seguros de decesos están obligadas a devolver a los herederos el exceso de la suma asegurada sobre el coste del servicio prestado. Este derecho está recogido en el Artículo 106 Bis de la Ley de Contrato de Seguro, tal y como informa el Consejo General de Mediadores.

“En muchas ocasiones, el coste de los servicios funerarios prestados no agota el capital pactado en la póliza. Y no se devuelve a los herederos la diferencia, a pesar de la obligatoriedad legal”, remarcan desde el Consejo General. La exigencia incluye los fallecimientos por COVID-19. En este caso, los familiares cuentan con un plazo de cinco años para reclamar a las aseguradoras.

Cuando haya concurrencia de seguros en distintas compañías y una de las aseguradoras no haya prestado el servicio, “se podrá solicitar el abono del importe de la suma asegurada a la compañía que no haya prestado el servicio”. También se da la circunstancia de personas que tienen dos seguros en la misma compañía. En este caso “el tomador podrá reclamar la devolución de todas las primas pagadas de la póliza que haya decidido anular desde que se produjo la concurrencia”.

Seguros de decesos: Sin referente europeo

A finales de 2020, los seguros de decesos daban cobertura al 46,6% de los españoles, más de 22 millones de personas, con una trayectoria anual de moderado ascenso. El 40% de la población entre 20 y 35 años cuenta con una póliza de este tipo.

Se trata de un ramo no armonizado en la normativa europea donde los Seguros de Decesos no existen como tal. Se canalizan a través de los Seguros de Vida o incluso de pérdida pecuniria. En Europa, tienen un carácter indemnizatorio más que de servicio. Con el paso de los años, las pólizas han ampliado sus coberturas. Así, se han añadido gastos fúnebres, servicios psicológicos, asesoramiento legal, gestoría, asistencia en viaje o, incluso, trámites para el borrado de la vida digital del fallecido.