El seguro agrario bate récords de contratación durante 2022

El seguro agrario en España ha batido récords de contratación durante el pasado año 2022, entre ellos en lo relativo al capital asegurado, las primas o los animales asegurados. Este aumento es una muestra de cómo los agricultores y ganaderos confían cada vez más en el sector asegurador para protegerse, entre otras cosas, de los siniestros causados por la meteorología adversa.

El capital asegurado por el seguro agrario marcó en 2022 un nuevo máximo histórico (por octavo año consecutivo) y creció un 4%, hasta los 16.286 millones de euros. Esto supone que el valor de la producción agrícola y ganadera protegida se ha incrementado en más de 614 millones de euros durante el último ejercicio. El aumento se produjo en buena parte de las producciones agrícolas de mayor peso, como fueron los cultivos herbáceos (+5%), los frutales (+1,5%) o la uva de vino (+1,25%).

Lo mismo ocurrió en el conjunto de los seguros pecuarios (+10%), con especial empuje de las líneas que ofrecen cobertura de los accidentes y las enfermedades del ganado (+15%). Crecen también la uva de mesa (+40%), los frutos secos (+18%) y el fresón y frutos rojos (+8%). Otras producciones relevantes como los cítricos o el conjunto de las hortalizas, se mantienen en torno a las cifras de 2021.

Por otro lado, desciende un 2,1% la superficie asegurada (hasta los 6,2 millones de hectáreas) y un 6,7% la producción asegurada, que se situó en 38,1 millones de toneladas. La razón de estos descensos se debe al contexto climático actual, responsable también de la alta siniestralidad de los últimos años.

Seguro agrario en 2022: Crecimiento de primas

Al igual que ocurriera el pasado año, las primas crecieron (+3,3%) en cifras similares al porcentaje de capital asegurado (+4%). Se sitúa así en 858,7 millones, la cifra más alta en la historia del seguro agrario. De esta cifra, 475 millones han sido abonados por los agricultores y ganaderos y el resto corresponde al importe de las subvenciones que conceden ENESA y las comunidades autónomas, que se descuenta en el momento de la contratación.

Fuente: UNESPA